El último borrador del real decreto para centros de datos abre una vía de exclusión que podría beneficiar a la gigafactoría de inteligencia artificial impulsada por España y proyectada en Móra la Nova (Tarragona) y San Fernando de Henares (Madrid).
La cláusula se conoce mientras el texto, todavía no aprobado, se encuentra en trámite ante el Consejo de Estado y plantea una cuestión de fondo para el sector: si las exigencias energéticas serán iguales para todos los proyectos o habrá un régimen particular para determinadas infraestructuras públicas consideradas críticas.
La aplicación de esa excepción al proyecto de IA no puede darse por automática. La participación estatal en el consorcio no demuestra por sí sola que la sociedad titular o gestora cumpla las condiciones jurídicas que recoge la disposición, cuya redacción final y alcance deberán aclararse antes de que la norma entre en vigor.
Qué contempla la cláusula y por qué genera debate
Según la redacción difundida del último borrador, quedarían fuera del ámbito de aplicación determinados centros cuyo titular sea una entidad del sector público estatal con la condición de operador crítico, así como instalaciones adscritas a este tipo de entidades. La medida podría alcanzar a la gigafactoría si su estructura societaria y operativa encaja en esos supuestos, algo que no se puede concluir únicamente porque el Estado participe en el consorcio.
La distinción es relevante. La candidatura española está articulada mediante una sociedad público-privada en la que participa la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), junto con compañías privadas. El Consejo de Ministros autorizó en junio una inversión de hasta 719 millones de euros de la SETT en el consorcio. El proyecto aspira a movilizar alrededor de 5.000 millones y contempla dos sedes, en Tarragona y Madrid.
Las asociaciones del sector de centros de datos cuestionan que una excepción con criterios vinculados a la titularidad pública o a la condición de operador crítico pueda dejar a un proyecto respaldado por el Estado en una posición distinta frente a operadores privados que compiten por potencia eléctrica, suelo e inversiones. La crítica plantea un problema de igualdad regulatoria, aunque su valoración jurídica dependerá del texto definitivo, de la justificación de la medida y de cómo se aplique.
Los requisitos energéticos siguen sobre la mesa
El objetivo declarado del real decreto es ordenar el crecimiento de centros con un consumo eléctrico elevado y vincularlo a criterios de eficiencia, sostenibilidad hídrica y energética, resiliencia y soberanía digital. El proyecto sometido a consulta pública planteaba que los centros cubrieran al menos el 80% de su consumo con electricidad renovable, con criterios de adicionalidad y correlación horaria, además de cumplir requisitos de eficiencia en energía y agua.
La versión remitida al Consejo de Estado introduce cambios y plazos de adaptación. Entre ellos, se ha difundido un periodo transitorio de hasta cinco años para ciertos centros que se incorporen al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), que permite reducir su demanda cuando el sistema eléctrico lo necesite. Este régimen transitorio no debe confundirse con la posible exclusión: uno aplaza el cumplimiento de determinadas obligaciones bajo condiciones; la otra podría dejar fuera de la norma a instalaciones que cumplan los criterios previstos.
Para el Gobierno, la regulación busca acompasar la expansión digital con la disponibilidad de electricidad y agua, evitar presiones adicionales sobre la red y promover nueva generación renovable. Para los promotores, la exigencia de asociar consumo y renovables hora a hora, junto con la posibilidad de limitar potencia, puede elevar costes y dificultar la operación continua de estas instalaciones.
Inversión anunciada y riesgo de competencia
La gigafactoría forma parte de la estrategia española para reforzar la capacidad europea de computación avanzada y reducir la dependencia de proveedores tecnológicos de terceros países. La inversión pública autorizada, el consorcio privado y la candidatura a financiación europea convierten el proyecto en una infraestructura estratégica, pero también hacen más visible el debate sobre el uso de recursos públicos y el trato regulatorio.
La patronal Spain DC ha calculado que el sector podría movilizar 67.000 millones de euros en inversiones hasta 2030 y ha advertido de que una regulación que considere difícil de cumplir podría desviar proyectos hacia otros mercados. Se trata de una previsión de inversión del sector, no de capital ya ejecutado ni de una cantidad confirmada como perdida.
La pregunta que deberá responder el texto definitivo es concreta: qué instalaciones podrán acogerse a la exclusión, qué criterios acreditarán su condición crítica y cómo se evitará una diferencia injustificada entre proyectos públicos y privados. Hasta que se publique y apruebe la norma final, lo prudente es hablar de una vía potencial y de un debate regulatorio abierto, no de una exención ya concedida a la gigafactoría.
