Un tribunal federal de Estados Unidos ha ordenado ejecutar un laudo arbitral contra España por valor de más de 110 millones de euros relacionado con las inversiones de Eurus Energy en el sector eólico español. La compañía, filial del grupo japonés Toyota, obtuvo una indemnización tras reclamar por los cambios introducidos por España en el sistema de incentivos a las energías renovables.
El Tribunal Federal del Distrito de Columbia ha rechazado la petición de España para desestimar o paralizar el procedimiento y ha ordenado ejecutar el laudo obtenido por Eurus Energy Holdings, compañía perteneciente al grupo Toyota. La resolución fue firmada el 24 de septiembre de 2026 por el juez Randolph D. Moss.
El principal de la indemnización asciende a 106,2 millones de euros, aunque la cantidad total supera los 110,1 millones al incorporar intereses, costes arbitrales y otros conceptos reconocidos durante el procedimiento.
El origen está en los cambios regulatorios de las renovables
El conflicto se remonta a las inversiones realizadas por Eurus en España dentro del régimen de incentivos diseñado para atraer capital hacia las energías renovables.
Entre 2010 y 2014, España introdujo diferentes reformas regulatorias y fiscales que modificaron las condiciones económicas aplicables a estas instalaciones. Eurus consideró que esos cambios afectaban a las garantías que habían acompañado sus inversiones y llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El tribunal arbitral concluyó que determinadas actuaciones españolas habían vulnerado el artículo 10.1 del Tratado sobre la Carta de la Energía y reconoció a Eurus una indemnización de 106,2 millones de euros, además de intereses y costes asociados al procedimiento.
España trató posteriormente de anular el laudo. Sin embargo, el procedimiento de anulación terminó sin prosperar y Eurus acudió posteriormente a los tribunales estadounidenses para conseguir que el laudo pudiera ejecutarse en Estados Unidos.
Nueve resoluciones contra España en Estados Unidos
El caso de Eurus se suma a otros procedimientos relacionados con los cambios realizados en la retribución de las energías renovables.
Según la información publicada sobre el procedimiento, la Justicia estadounidense había dictado anteriormente ocho resoluciones favorables a otros acreedores: Watkins, Antin, RREEF, InfraRed, NextEra, 9REN, Cube Infrastructure y BayWa.
Con la resolución de Eurus, el importe acumulado de las nueve decisiones asciende a 836,6 millones de euros, frente a los 726,5 millones reconocidos en los ocho procedimientos anteriores.
El caso de Eurus representa por sí solo más de 110 millones de euros dentro de esa cantidad.
Un largo conflicto por el modelo de apoyo a las renovables
Los litigios internacionales se originaron tras la modificación del sistema español de incentivos a las energías renovables durante la pasada década.
Las reformas afectaron especialmente a inversiones realizadas bajo un marco regulatorio que había utilizado las primas y otros mecanismos de apoyo para impulsar la instalación de nueva capacidad renovable.
Los inversores afectados recurrieron a mecanismos internacionales de arbitraje alegando que los cambios habían perjudicado las expectativas sobre las que habían realizado sus inversiones.
El caso de Eurus terminó dando lugar a una indemnización reconocida por el Ciadi y, posteriormente, a la intervención de los tribunales estadounidenses para hacer ejecutable el laudo en ese país.
España mantiene abiertos los efectos de los arbitrajes
La nueva resolución vuelve a poner sobre la mesa el coste que han generado durante años los litigios internacionales derivados de los cambios regulatorios en las renovables.
No obstante, es importante distinguir entre las cantidades reconocidas judicialmente y los pagos efectivamente realizados. Según la información publicada sobre el procedimiento, España había abonado hasta ahora una indemnización relacionada con uno de estos casos, correspondiente a la japonesa JGC, aunque existen otros procedimientos y decisiones judiciales en distintas jurisdicciones.
La nueva decisión estadounidense no abre el conflicto: representa una nueva fase de ejecución de un laudo arbitral que ya había sido reconocido en el ámbito internacional.
El caso vuelve a mostrar, en cualquier caso, cómo las decisiones regulatorias adoptadas durante la transformación del sistema energético español continúan teniendo consecuencias económicas y judiciales más de una década después.
