El Gobierno limita la subida de la tarifa regulada del gas, pero el coste de la medida no desaparecerá: se recuperará posteriormente de los propios consumidores a través de las futuras revisiones de la TUR
El alivio aplicado por el Gobierno a la tarifa regulada del gas tendrá que ser devuelto. Los aproximadamente 3,1 millones de consumidores acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) se beneficiarán desde octubre de una contención de la subida, pero la diferencia entre el precio que habría resultado de aplicar la fórmula ordinaria y el precio limitado se recuperará posteriormente en las propias facturas, junto con el coste financiero asociado.
La medida forma parte del Real Decreto-ley 25/2026, aprobado el 29 de septiembre dentro del nuevo paquete de respuesta a la crisis energética provocada por las tensiones en los mercados internacionales. Sin la intervención, la revisión de octubre habría provocado una subida superior al 45% de la TUR, según la propia norma.
La subida queda limitada, pero la diferencia no desaparece
El mecanismo diseñado por el Ejecutivo actúa sobre el término Cn, que refleja el coste de la materia prima utilizado para calcular la TUR.
Para la revisión del 1 de octubre de 2026, el incremento de este componente queda limitado al 35% respecto al valor aplicado en la revisión anterior. En enero de 2027 se establece una segunda limitación, del 15% sobre el valor aplicado en octubre.
El efecto previsto es que la tarifa regulada no experimente el fuerte incremento que habría provocado la aplicación directa de la fórmula ordinaria. El Gobierno calcula que, frente a una subida superior al 45%, el impacto quedará aproximadamente en el entorno del 15%.
Sin embargo, la diferencia entre ambos escenarios se acumulará como una cantidad pendiente de recuperar.
El real decreto establece que los comercializadores de último recurso recuperarán esa diferencia a partir de la revisión de enero de 2027 y durante las revisiones posteriores, hasta completar la amortización. A la cantidad pendiente se añadirá además el correspondiente coste financiero.
Una deuda que no tiene un plazo máximo fijado
Uno de los elementos más relevantes de la nueva fórmula es que la norma no establece una fecha límite para recuperar las cantidades pendientes.
El mecanismo continuará aplicándose hasta que los comercializadores hayan recuperado la totalidad de las cantidades adeudadas, incluido el coste financiero asociado. La propia norma señala expresamente que la recuperación se realizará «sin sujeción a plazo».
Esto significa que el consumidor podrá beneficiarse inicialmente de una subida más moderada, pero la diferencia se trasladará a las futuras revisiones de la tarifa.
Además, mientras exista una cantidad pendiente de recuperación, el componente correspondiente de la TUR continuará incorporando ese coste.
¿Qué ocurre si un consumidor abandona la TUR?
El decreto también contempla el escenario de un consumidor que decida abandonar la tarifa regulada antes de que se haya recuperado completamente la cantidad pendiente.
En ese caso, deberá abonar a su comercializador de último recurso el último valor de deuda media correspondiente a su escalón de peaje.
La norma establece además mecanismos de seguimiento. Las cantidades acumuladas y la deuda media unitaria deberán quedar reflejadas en las resoluciones que aprueben las sucesivas revisiones de la TUR.
De esta forma, el coste diferido queda vinculado al sistema tarifario y puede afectar al consumidor mientras permanezca pendiente de amortización.
El impago puede activar el régimen previsto para el suministro de gas
El real decreto también contempla qué sucede cuando la cantidad adeudada no se abona.
En concreto, el artículo 1 establece que al impago de la cantidad adeudada se aplicará el régimen previsto en el artículo 57 del Real Decreto 1434/2002, que regula, entre otras cuestiones, los procedimientos relacionados con el suministro de gas natural.
Por tanto, la norma no se limita a crear una compensación económica futura: incorpora también un mecanismo específico para gestionar los posibles impagos.
El Gobierno evita trasladar ahora todo el impacto a la factura
La decisión llega en un momento de fuerte presión sobre los mercados energéticos internacionales.
El propio Gobierno explica que la subida del precio del crudo y del gas, junto con las tensiones relacionadas con el tránsito de buques metaneros por el estrecho de Ormuz y la menor capacidad de licuefacción en Oriente Medio, estaban presionando al alza el coste del gas.
El Ejecutivo sostiene que la intervención resulta especialmente relevante al comienzo de la temporada de calefacción, cuando aumenta el consumo de gas de los hogares.
La medida permite así repartir en el tiempo el impacto de la subida, en lugar de trasladarlo íntegramente a las facturas de octubre.
La diferencia respecto a anteriores crisis energéticas es precisamente quién asume inicialmente ese coste. El mecanismo actual hace que los comercializadores adelanten la recuperación y posteriormente la incorporen al sistema tarifario, con el correspondiente coste financiero.
Más de tres millones de consumidores afectados
La TUR está abierta a determinados consumidores domésticos, comunidades de propietarios y también a autónomos y pequeñas empresas que cumplan las condiciones establecidas.
Según los datos utilizados por el propio Gobierno en el real decreto, unos 3,1 millones de consumidores, equivalentes al 39,5% del total, estaban acogidos a esta tarifa a finales de 2025. La mayoría son clientes domésticos.
El nuevo sistema supone, por tanto, que millones de consumidores tendrán una protección inmediata frente a la subida, pero deberán asumir posteriormente la recuperación de la cantidad que se haya dejado de repercutir en la factura.
La medida limita el golpe inicial sobre los hogares, pero no elimina el coste de la energía: lo desplaza hacia las próximas revisiones de la tarifa.
